El PP logra que Leo n muestre su rechazo a la ‘Ley Celaa ’, contraria a una educacio n de calidad, Especial y Concertada

El Grupo Municipal del Partido Popular ha defendido en el Pleno la para lograr una educación libre y de calidad, con el apoyo del grupo de Ciudadanos, la abstención de UPL y el voto en contra del concejal de Podemos y del PSOE. El portavoz popular ha reiterado que la nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) más conocida como ‘Ley Celaá’, ha sido tramitada por el Gobierno de espaldas a la comunidad educativa y al resto de la sociedad. Un nuevo marco normativo que penaliza la calidad en la educación y, especialmente, castiga a la Educación Especial y Concertada. Silván ha señalado la relevancia de esta ley en el municipio de León, dada la existencia de alrededor de 20.000 estudiantes en una veintena de centros especiales y concertados. “Los grupos municipales deben dar un paso adelante y unir su esfuerzo para lograr que los leoneses puedan acceder a una educación justa, de calidad y con la libertad de elección como principio fundamental”, aseguraba en su intervención antes de que el equipo de gobierno, con su alcalde a la cabeza, se retratara votando en contra de la misma.
La Ley Celaá ha llegado hoy también al Pleno del Ayuntamiento de León, tras la presentación de una moción del Partido Popular. Su portavoz, Antonio Silván, ha defendido esta iniciativa que lucha por lograr para los leoneses una educación libre y de calidad, con el apoyo del grupo de Ciudadanos, la abstención de UPL y el voto en contra del concejal de Podemos y del PSOE.
Silván ha reiterado que la nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) más conocida como ‘Ley Celaá’, ha sido tramitada por el Gobierno de espaldas a la comunidad educativa y al resto de la sociedad. Un nuevo marco normativo que penaliza la calidad en la educación y, especialmente, castiga a la Educación Especial y Concertada.
Silván ha señalado la relevancia de la ‘Ley Celaá’ en el municipio de León, dada la existencia de alrededor de 20.000 estudiantes en una veintena de centros especiales y concertados, además de que los leoneses no pueden permitir que esta ley penalice la excelencia en la educación de todo el alumnado. “Los grupos municipales deben dar un paso adelante y unir su esfuerzo para lograr que los leoneses puedan acceder a una educación justa, de calidad y con la libertad de elección como principio fundamental”, aseguraba en su intervención antes de que el equipo de gobierno se retratara votando en contra de la misma.
El portavoz ha subrayado también las graves carencias en la tramitación, al realizarse “en pleno estado de alarma, utilizando el Gobierno la situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y hurtar el debate que una ley de estas características exige; un proyecto de ley que no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por el Consejo Escolar del Estado; que ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y representantes de la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, etc.) informaran y asesoraran a la Comisión de Educación y FP del Congreso. Un hecho sin precedentes en el debate de otras leyes educativas; y con una votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso que se ha desarrollado en una única sesión. Los diferentes grupos parlamentarios han tenido que debatir y votar en una única sesión más de mil enmiendas”.
Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la Ley Celaá representa “la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE de Zapatero que condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo temprano cercanas al 30%. La LOMLOE representa un regreso a los principios de la LOGSE tan nefastos para el conjunto del sistema educativo”.
Moción aprobada a pesar del voto en contra del PSOE
La LOMLOE (tanto en su redacción original como a través de las enmiendas presentadas por PSOE y Podemos en connivencia con los partidos separatistas) supone la ruptura del Pacto Constitucional en materia educativa:
1.-Suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la Constitución Española y con ello impide a las familias españolas, y por tanto a las LEONESAS, elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos.
2.-Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el Artículo 149 de la Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la educación y la libertad de enseñanza además de en la obtención, expedición y homologación de títulos.