Diez mintió al asegurar que había pedido al Ministerio de Hacienda el informe preceptivo para aprobar el presupuesto

El Grupo Municipal del Partido Popular sacó ayer los colores al equipo de gobierno durante la celebración del Pleno en el que se aprobó definitivamente el Presupuesto General para el ejercicio 2021 al no haber pedido ni presentado el informe preceptivo y obligatorio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Hasta el punto de que, aunque el alcalde Diez aseguró en el Pleno que el informe se había solicitado, el equipo de gobierno tras varios ‘intercambios de pareceres’ entre algunos de sus miembros se puso a elaborar a carreras la documentación para registrar esta petición al Gobierno central a última hora de la mañana de ayer. Con el cambio de criterio que caracteriza al actual alcalde, ayer defendía que la aprobación definitiva se podía llevar a cabo a pesar de que en el año 2018, en la oposición, defendió enérgicamente lo contrario, y el entonces equipo de gobierno popular con responsabilidad retiró la aprobación del presupuesto hasta la llegada del informe.

 

León, 30 de diciembre de 2020.- La forma de gobernar del actual equipo de gobierno, con su alcalde, José Antonio Diez, a la cabeza, está convirtiendo el Consistorio en una administración en la que cualquier trámite o procedimiento presenta imprecisiones, errores y falta de requisitos legales; como ocurrió ayer en el Pleno de aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento para 2021 que incurrió en otro error grave en un asunto fundamental para la ciudad.

Tan solo los portavoces del Partido Popular advirtieron que esta aprobación se estaba llevando a cabo de manera irregular ya que sin el informe emitido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ni siquiera debería haberse incluido este punto en el orden del día. Para los populares, “no solo Diez mintió asegurando que se había pedido el informe cuando no era cierto, si no que siguió adelante a pesar de ser advertido en varias ocasiones”.

El Grupo Municipal del Partido Popular señaló ayer que esta situación podría constituir una posible prevaricación administrativa al  conocer el equipo de gobierno que el informe previo, preceptivo, vinculante y obligatorio del Ministerio de Hacienda para aprobar las cuentas municipales ni siquiera había sido solicitado, siendo advertido insistentemente en el Pleno por el Partido Popular basándose en la normativa que rige este procedimiento: Real Decreto Ley 8/2013 de 28 de junio, Real Decreto Ley 17/2014 de 26 de diciembre y  Orden PRE/966/2014 de 10 de junio.

En otras palabras, antes de llevar las cuentas municipales a la Comisión de Hacienda, el equipo de Gobierno debería haber pedido al Ministerio un informe que diera el visto bueno a esta tramitación. Tras pasar el Presupuesto por dicha comisión y por la aprobación inicial en el Pleno del 19 de noviembre, el Partido Popular, antes de debatir el punto, pidió su retirada del orden del día al estar incumpliendo gravemente los requisitos establecidos.

El Partido Popular espera ahora la certificación pedida ayer a Secretaria General sobre la situación de este informe y la fecha y hora en la que se ha solicitado, ahora sí.

Pleno Ayuntamiento de León, 29 de diciembre

 

José Antonio Diez, alcalde: “Por lo que tengo conocimiento ese informe se ha solicitado, pero por lo que también sé y así me lo ha informado la Intervención Municipal podemos continuar con el trámite de aprobación definitiva del Presupuesto sin ningún inconveniente o sin ningún problema”.

 

Legislación aplicable

  • Artículo 26, RDL 8/2013 de 28 de junio señala que los municipios deberán someterse a informe previo y vinculante del Ministerio de Hacienda la aprobación de los presupuestos municipales.

  • Artículo 45.4 RDL 17/2014 de 26 de diciembre señala que los municipios deberán someter a informe previo y vinculante del Ministerio de Hacienda la aprobación de los presupuestos municipales e indica que el Ministerio podrá valorar y ponderar las medidas que hayan podido adoptar las corporaciones locales en relación con los gastos de funcionamiento y con la financiación de los servicios públicos siempre que se compense con otras medidas.

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