- El sindicato arroja las cifras del primer semestre del año en Castilla y León y prevé una tendencia que superará las 49 personas víctimas mortales
- El 16 de octubre en Madrid se llevará a cabo una movilización para exigir un cambio en la legislación, más recursos para la Inspección de Trabajo e involucrar y formar a Policía y Guardia Civil para que puedan “actuar y sancionar”
UGT ha presentado los datos del primer semestre del año que elevan las muertes por accidentes laborales en Castilla y León a 31 fallecidos, Una cifra que, en la mayoría de los casos, “se podían haber evitado”, y que de continuar la tendencia en el segundo semestre, superará los 49 víctimas por este tipo de sucesos en la Comunidad, informa Ical.
Así lo apuntaron, durante la presentación de los datos, la secretaria general de la Federación de la Industria, la Construcción y la Agricultura (FICA) de UGT en Castilla y León, Sandra Vega, y el secretario de Acción Sindical y Coordinación Sectorial de la misma Federación a nivel autonómico, Gorka López Prieto.
Este último, en declaraciones recogidas por Ical, cifró en 17.142 los accidentes con baja en la Comunidad durante los seis primeros meses de lo que va de año, que de igual manera que sucede con los mortales, de seguir la tendencia superarán los 30.083 que se produjeron en todo el 2024 y que llevaron a López Prieto a pedir a “esas empresas tan preocupadas por el absentismo, que se preocupen por cumplir la legislación en el ámbito de la seguridad y la salud laboral”.
Especialmente en los sectores que representa UGT FICA, dado que la industria, la construcción y la agricultura concentran el 42 por ciento de los accidentes de toda la economía de Castilla y León y el 47 por ciento de los siniestros mortales, con un perfil del trabajador accidentado que engloba, principalmente, a peones y operadores de máquina con menos de un año de experiencia y que trabajan en empresas con menos de 50 trabajadores.
Este es, para López Prieto, el “nudo gordiano de la situación”, ya que es en las pymes donde se produce una “mayor accidentabilidad y mortalidad” debido, según el secretario de Acción Sindical y Coordinación Sectorial de UGT FICA en Castilla y León, a que en las empresas con menos de seis trabajadores “no tienen representatividad sindical”.
Por ello, desde el sindicato demandan la posibilidad de que estas empresas tengan un delegado de prevención de riesgos laborales y, ante el incremento en un 65 por ciento de la accidentabilidad entre los trabajadores mayores de 60 años en el sector de la construcción, también piden que se introduzcan coeficientes reductores en el sectores porque “no es de recibo que personas mayores de 60 años trabajen subiéndose al andamio o utilizando maquinaria pesada”.
“Estas medidas, sencillas de implementar, tendrían un impacto directo en la reducción de los accidentes y la siniestralidad”, afirmó López Prieto, quien también apuntó hacia una “mayor formación de trabajadores” y una “mayor dotación de inspectores de trabajo” para que realicen “inspecciones aleatorias en las empresas para ver con rigor el cumplimiento de toda la normativa en seguridad laboral”.
“Gran movilización” en Madrid
Para exigir estas y otras medidas, con la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para introducir riesgos psicosociales “que la normativa ni contempla” o implicar a las Policías Nacional y Local y a la Guardia Civil en la lucha contra los accidentes laborales con formación y capacidad de actuar y sancionar “cuando vean cualquier irregularidad o incumplimiento de la normativa”, UGT prepara una “gran movilización” el 16 de octubre en Madrid, que se plantea llevar después a las comunidades y las provincias.
“No puede haber ni una muerte más ni tantos accidentes de trabajo”, exclamó la secretaria general de UGT FICA en Castilla y León, Sandra Vega, que calificó los datos ofrecidos por su compañero como “escalofriantes” y definió la siniestralidad laboral como “uno de los graves problemas del país y de esta Comunidad” porque “la mayor parte de los accidentes se podían haber evitado”.
Sin embargo, “la precariedad laboral, la temporalidad y la falta de formación matan”, y culpó de ello tanto a los empresarios que “incumplen la legislación de prevención de riesgos laborales, que ven como un gasto” como a las mutuas, que “cada vez endurecen más las condiciones para conceder bajas laborales”.
A ellos unió a los tres partidos, Popular, Vox y Junts, que votaron en contra de la reducción de la jornada laboral en el Congreso, dado que “son cómplices de los accidentes de trabajo que puedan suceder y puedan estar relacionados con el estrés y el agotamiento por exceso de jornada”.
Finalmente, Sandra Vega pidió un endurecimiento de las penas contra los empresarios que incumplan la legislación en prevención de riesgos laborales o cometan negligencias, dado que, en España, “ninguno ha ido a la cárcel por negligencia grave, pero si se aplicase la normativa o se endureciera el Código Penal, los empresarios valorarían más la salud y seguridad de los trabajadores”.
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