El caso del alumno con TEA en Almázcara llega al Procurador del Común

El caso de presunta discriminación a un alumno con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el CIFP de Almázcara (León), denunciado el pasado 27 de marzo, ha dado un paso más. El padre del joven ha acudido ahora al Procurador del Común para solicitar amparo ante lo que considera un trato injusto.

La situación, que ya fue adelantada por este medio, sigue sin una respuesta oficial que justifique la decisión del centro.

Denunciaron discriminación por su condición
UGAL-UPA y la Asociación Berciana de Agricultores (ABA) han reiterado su apoyo a la familia. Ambas organizaciones recuerdan que el alumno fue calificado como “no apto” en el curso de Incorporación a la Empresa Agraria.

Según sostienen, el joven completó correctamente la parte teórica y también las 15 horas de prácticas exigidas.

Durante esas prácticas, realizó trabajos de soldadura superando sus barreras sensoriales. También participó en ejercicios con tractor, aunque no llegó a conducirlo por miedo, permaneciendo en la cabina junto a la docente.

A pesar de ello, el CIFP de Almázcara no certificó las prácticas, alegando “falta de aprovechamiento”. Sin embargo, ni la familia ni las organizaciones han recibido informes que expliquen esta decisión.

Además, destacan que el alumno fue el único de los doce participantes que no superó el curso, pese a que sus compañeros aseguran que todo transcurrió con normalidad.

El padre recurre al Procurador del Común
Ante la falta de respuestas, el padre ha decidido llevar el caso al Procurador del Común. En su escrito denuncia una actuación “arbitraria y discriminatoria”.

También señala que la decisión del centro podría estar vulnerando el derecho al trabajo de una persona con discapacidad.

La familia asegura que, tras contactar con la dirección del centro, se les trasladó que el joven “no está cualificado para ser agricultor profesional ni para acceder a subvenciones”.

Piden ceses y una rectificación urgente
UGAL-UPA y ABA han elevado el tono de sus reclamaciones. Exigen a la Junta de Castilla y León una rectificación inmediata.

También solicitan el cese de la directora del CIFP de Almázcara y del coordinador de Servicios de la Dirección General de Desarrollo Rural.

Ambas organizaciones consideran que no se puede permitir un trato discriminatorio en una institución pública, especialmente hacia personas con TEA.

Denuncian un caso de discriminación a un joven con autismo en un centro de la Junta en Almázcara 

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