• Expertos en Derecho Penal y Penitenciarias coinciden en señalar en la necesidad de dotar más medios a las prisiones, abordar nuevos retos como la salud mental y lograr una mayor implicación de todas las comunidades autónomas

La Universidad de León ha clausurado el ‘IX Congreso Nacional Penitenciario Legionenses’, en el que se han dado citado más de un centenar de expertos en derecho penal y penitenciarias que han concluido que el endurecimiento de las penas por sí solo no disminuye la acción delictiva y que las más de 50 reformas que se han llevado a cabo desde 1995 no han hecho otra cosa más que empeorar el Código Penal.

“La reforma por la reforma, la dureza por la dureza no es el camino para prevenir el delito. El papel lo aguanta todo, pero la realidad es bien distinta”, señaló Miguel Díaz y García Conlledo, organizador del Congreso, que hizo hincapié en la necesidad de que se doten más medios para impulsar mejores políticas sociales como un camino “clave” para la prevención del delito.

El congreso, que ha coincidido con el 25 aniversario de la prisión leonesa de Villahierro en Mansilla de las Mulas, ha permitido realizar un repaso a la evolución de las cárceles españolas, “muchas de ellas convertidas en la actualidad en un referente a nivel internacional”. Si bien, los expertos han remarcado la necesidad de no conformarse y seguir trabajando.

En este sentido, se ha puesto de manifiesto la necesidad de dotarlos de mayores medios, mejorar la atención mental de los internos y la ejecución de medidas de seguridad, siendo preocupante las agresiones a los funcionarios, que volvieron a reclamar la consideración de autoridad.

En este punto, se puso de manifiesto uno de los grandes retos que enfrentan las prisiones españolas, como es el incremento de los internos miembros de bandas latinas. “Es un buen reto porque estamos viendo que el perfil del preso en España está cambiando y debemos seguir estudiando, pensando nuevas soluciones y dotar de más medios a nuestras prisiones”, señaló Díaz y García Conlledo.

Por último, desde los sindicatos trasladaron la necesidad de que, al igual que en otros países europeos, las prisiones sean dependientes del Ministerio de Justicia y no del de Interior, y de alcanzar una mayor implicación por parte de las comunidades autónomas, más allá de las que tienen la competencia transferida. “No deben inhibirse en este asunto porque pueden ser grandes aliados”.

La jornada de clausura contó con la participación del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, y la presidenta de la Audiencia Provincial de León, Ana del Ser.