Esta mañana se convocaba en el Ayuntamiento de Villaquilambre un pleno extraordinario para tratar la polémica surgida por la ubicación de más de un centenar de migrantes en el conocido Chalet de Pozo en Villarrodrigo de las Regueras, y lejos de llegar a un consenso ha terminado siendo desalojado por la Policía y sin poder darse las explicaciones que se pedían. 

El pleno tenía la pretensión de informar al PP, que así lo habían solicitado, sobre el centro de ayuda a 180 inmigrantes en que se va a convertir el Chalet de Pozo. El ambiente comenzaba caldeado y el alcalde, Jorge Pérez, del PSOE, ha tenido que llamar al orden en repetidas ocasiones mientras los portavoces de los partidos del equipo de gobierno, UPL y Podemos hacían uso de su turno de palabra. Finalmente, y ante la imposibilidad de llevarse a cabo el pleno en armonía la Policía Local ha expulsado al público y los miembros de la oposición han abandonado la sala. Muchos de los presentes eran ciudadanos que se reunieron la semana pasada para comenzar una campaña en contra de este centro, cuyas protestas hicieron oír en el pleno.

El ex alcalde y portavoz del PP, Manuel García, ha explicado posteriormente a los medios que este equipo de gobierno es dictador: «Son los más dictadores del mundo, este equipo de gobierno que tenemos son unos dictadores». A lo que el propio alcalde explicaba que «es increíble que alguien que ha sido alcalde de un municipio, que alguien que tiene responsabilidades de gobierno, que las ha tenido y que aspira volver a tenerlas tenga este comportamiento de incentivar el odio y la desconvivencia entre los ciudadanos y sobre todo de meter un miedo y un odio hacia el extranjero que no es real». 

La polémica y el motivo de la solicitud de este pleno extraordinario por la oposición solo es por un motivo: el centro de ayuda humanitaria auspiciado por la Orden de San Juan de Dios que ha provocado el rechazo de los vecinos que viven en el municipio. A su vez, el apoyo de otros muchos, como el propio alcalde del municipio, el de León, el PSOE provincial, y la Diócesis de León, entre otros, quienes consideran este rechazo como una actitud xenófoba dirigida por la ultraderecha.