El PSOE de León advierte de la existencia de cerca de 700 plazas públicas sin cubrir en la provincia por la “desidia” de la Junta

  • La candidatura a las Cortes denuncia que la situación que “está deteriorando gravemente los servicios públicos y sobrecargando a las plantillas”

El Partido Socialista de León advirtió hoy de la existencia de cerca de 700 plazas públicas sin cubrirse en la provincia leonesa como consecuencia de la “desidia” de la Junta de Castilla y León.

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, la cabeza de lista a las Cortes autonómicas por el PSOE de León, Nuria Rubio, y otros miembros de la candidatura socialista -Benjamín Fernández, Lucía de Castro y Luis Negro-, mantuvieron una reunión con responsables de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de los Trabajadores León, en la que se puso sobre la mesa la “grave falta de cobertura” de plazas públicas en la provincia, “consecuencia directa de la inacción del Gobierno de Junta de Castilla y León”.

Durante el encuentro, los representantes sindicales denunciaron que en la provincia permanecen 682 plazas públicas sin cubrir, una situación que “afecta de lleno al funcionamiento de los servicios públicos y a las condiciones laborales de los trabajadores”.

Concretamente, se trata de 466 vacantes de un total de 1.859 plazas de personal funcionario y de 236 sin cubrir de 1.576 plazas de personal laboral. Además, en el caso del personal auxiliar administrativo, 410 de las 932 plazas existentes están vacías, según los datos publicados por la Junta de Castilla y León a fecha de 5 diciembre de 2025.

El secretario provincial del PSOE lamentó que la Junta permite que casi 700 plazas públicas en León estén sin cubrir por “una decisión política que deteriora los servicios públicos y castiga a la provincia”. En esta línea, consideró que “el Gobierno de Mañueco ha normalizado la precariedad en la administración autonómica mientras León pierde atención, recursos y derechos”.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y candidata a las Cortes denunció que “la desidia de la Junta tiene consecuencias directas en la vida de las personas” con Eregistros que cierran, oficinas sin personal, retrasos constantes y trabajadores desbordados”. Además, criticó que “no se puede firmar un convenio y después incumplirlo sistemáticamente, como está haciendo la Junta con la reclasificación profesional”.

En este contexto, la Federación de Servicios Públicos de UGT interpuso una denuncia por conflicto colectivo ante el Serla, tras lo que hubo una reunión el 13 de febrero en la que la Junta de Castilla y León alegó que no se podía llegar a acuerdos por estar periodo electoral, “pese a que dicho periodo no comienza oficialmente hasta este viernes, 27 de febrero”. Por ello, se fijó una nueva reunión para el próximo 26 de mayo.

Durante la reunión entre el PSOE de León y la SP UGT también se puso el foco en el “incumplimiento del convenio colectivo”, respecto a lo que informó de que las plazas que se están creando de Ayudante Técnico Educativo sin Relación de Puestos de Trabajo se están haciendo a 35 horas, mientras que en las que estaban hechas en RPT, la gran mayoría son de 30 horas, por lo que se pidió como medida necesaria que todas sean de 35 horas.

Asimismo, se advirtió de “graves carencias” en prevención de riesgos laborales, especialmente en el ámbito de los incendios forestales, con turnos excesivos que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores, una situación que también denunció el sindicato ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Cendón y Rubio recordaron que “la Junta mira hacia otro lado mientras se acumulan las vacantes, se incumplen los acuerdos y se debilita la calidad de los servicios públicos” e insistieron en que “León no puede seguir pagando el precio de un gobierno autonómico que ha abandonado esta tierra”.

Desde el PSOE de León reiteraron su compromiso de trasladar estas reivindicaciones a las Cortes de Castilla y León y de defender un modelo de administración pública “con plantillas suficientes, condiciones laborales dignas y servicios públicos fuertes”, frente a “la dejadez y el abandono del Ejecutivo autonómico”.

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