La Organización de Naciones unidas fue interpelada por el Gobierno ante los hechos de las comunidades en gobierno de coalición de PP y Vox Castilla y León, Aragón y Comunitat Valenciana aprobaran sus Leyes de Concordia en contra de la Ley de Memoria Democrática. En este sentido la ONU ha mostrado su reprobación a estas leyes y advierte de que se están vulnerando los Derechos Humanos ya que invisibilizan a las víctimas, van en contra de los estándares internacionales y de los Tratados internacionales suscritos por España.

En una comunicación conjunta elaborada por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación, y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de las Naciones Unidas exige información a las tres comunidades autónomas objeto de su análisis, entre las que se encuentra Castilla y León, junto con Aragón y Comunitat Valenciana.

En tal informe, este organismo indica que la violación a los DDHH detectada podría generar “responsabilidad internacional” del Estado español “si no se actúa”. Por lo que, el Gobierno pedirá a las comunidades autónomas concernidas la revisión urgente de estas iniciativas.

Gravedad de las infracciones

Este informe “responde a la iniciativa del Gobierno de elevar a las principales instancias europeas e internacionales” las medidas contra la Memoria Democrática emprendidas por el PP y Vox en varias comunidades autónomas. Estos relatores especiales de Naciones Unidas son uno de los principales instrumentos para garantizar las obligaciones de los Estados en materia de Derechos Humanos. El hecho de que tanto los relatores como un grupo de trabajo formal firmen una comunicación conjunta “pone de manifiesto la gravedad de las infracciones constatadas”.

El Gobierno anunció en abril su intención de recurrir a las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa con tres actuaciones simultáneas: un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, informar a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos, y solicitar un informe sobre la situación de la memoria democrática en los gobiernos autonómicos de PP y Vox.