- Por ley, al expolítico berciano sólo se le embargarían unos 300 de los 2.280,68 euros que cobra de su pensión de jubilación para que se haga cargo de la indemnización que debe pagar a su víctima tras ser condenado por intentar matarla
- El abogado de Raquel, Felipe Patiño, ha solicitado a la Audiencia de León la ampliación del embargo y que el agresor siga el ejemplo de otros casos similares, como el del asesino de Marta del Castillo: “En prisión tiene todas sus necesidades cubiertas, y Raquel sí lo necesita”
- Patiño pide también el embargo de las dos pagas extraordinarias que el condenado recibe al año
El expolítico berciano Pedro Muñoz trabajó como enfermero psiquiátrico (en los últimos años en el Hospital de Ponferrada) hasta que el 11 de septiembre de 2019 se jubiló. Le quedó una pensión de 2.874,72 euros brutos. De momento, sigue percibiendo 2.280,68 netos mensuales mientras reside como recluso en la cárcel asturiana de Villabona tras haber sido condenado a 16 años y 11 meses de prisión por intentar matar a su segunda mujer, la abogada leonesa Raquel Díaz, a la que dejó parapléjica y con daños neurológicos irreversibles.
En septiembre de 2025, el segundo abogado de la víctima, el ferrolano Felipe Patiño, solicitó que se iniciaran los embargos de los bienes y la pensión de Pedro Muñoz para que el agresor se hiciera cargo del pago de la indemnización de 1.502.982,33 euros que, según recogía la sentencia condenatoria, debe pagar a Raquel Díaz. Muñoz también tiene deuda con el Sacyl y con el Hospital de Tetrapléjicos de Toledo, que prestaron servicio a la víctima después de la salvaje agresión del 27 de mayo de 2020, pero la ley protege a Raquel y sería ella la primera que debe cobrar la indemnización, suponiendo que llegue a recibir una pequeña parte de esa cantidad.
Días después de la última paliza de Muñoz a su entonces mujer, con ella entre la vida y la muerte, se ha acreditado que Muñoz se deshizo de todos sus bienes y se los donó a sus dos hijos para intentar eludir el pago de la indemnización a Raquel Díaz si resultaba condenado, como así ocurrió en 2023. Afortunadamente, aunque Muñoz llegó a materializar esa donación con ayuda de un notario ponferradino ya fallecido, una funcionaria detectó irregularidades y la donación acabó con Muñoz e hijos sentados en el banquillo de los acusados por alzamiento de bienes en 2024 y condenados -en dos instancias ya- a 15 meses de prisión. El procedimiento ha llegado al Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado. La víctima pide para los tres tres años y medio de cárcel.
Ese inconveniente, el hecho de que esa condena aún no sea firme, ha provocado que, una vez que la Audiencia Provincial de León ha iniciado los trámites para el embargos de todos los bienes de Muñoz, el catastro aún no haya ‘deshecho’ la anotación que llegó a producirse tras la donación, por lo que hasta la fecha la finca donde ocurrieron los hechos (en Toreno) no está en el listado de propiedades embargables de Pedro Muñoz. El abogado de Raquel Díaz ha confirmado a León24horas que ya ha trasladado este error para que se subsane cuanto antes.
Siguiente paso: la pensión de jubilación de Muñoz. Patiño también pidió que se le embargara para hacer frente al menos a una parte de la indemnización que adeuda a Raquel Díaz.
Patiño explica que, por ley, “al expolítico berciano sólo se le embargarían unos 300 de los 2.280,68 euros” que cobra de su pensión de jubilación para que se haga cargo de la indemnización que debe pagar a la víctima.
La semana pasada, el letrado de Raquel ha solicitado a la Audiencia de León la ampliación del embargo: que el agresor siga el ejemplo de otros casos similares, como el de Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo, y sólo perciba 200 euros al mes: “En prisión tiene todas sus necesidades cubiertas, y Raquel sí lo necesita”. Si la Audiencia da la razón a Patiño, como hizo la Audiencia de Sevilla con Carcaño, el resto de lo que percibe Pedro Muñoz -unos 1.600 euros al mes, en doce pagas- irá a parar a Raquel Díaz, “que ni aun así cobrará nunca de su agresor todo lo que debería”.
Patiño explica que aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que sólo se podría embargar un tercio de lo que exceda del salario mínimo interprofesional (“quedarían unos 300 euros mensuales para Raquel”), en su escrito ha solicitado que sólo se le permita cobrar 200 euros mensuales. “Hay otros precedentes, como uno de la Audiencia de Sevilla para que un preso hiciera frente a los cargos imprescindibles de prisión, donde ya tienen las necesidades cubiertas”.
Para el abogado de Raquel Díaz, “procede esta petición de ampliación del embargo porque entran en colisión dos derechos, el de mi clienta a ser indemnizada y el del condenado a un salario mínimo de subsistencia“. “Sostengo en mi escrito que Muñoz ya está cobrando en especie en prisión ese mínimo de subsistencia, no tiene necesidades que cubrir, por lo que no necesita para nada ese dinero estando preso”. “Debe prevalecer el derecho a la tutela judicial efectiva de Raquel”, insiste Patiño.
El debate se ha abierto en numerosos casos de condenados que deben hacer frente al pago de una indemnización a sus víctimas y algunos han intentado eludir, casos como el de Carcaño, el de Ana Julia Quezada o algunos agresores de ‘La manada’, a los que la Justicia puso freno cuando pretendían aportar una cantidad mensual pírrica para pagar lo que debían.
Además, dado que Muñoz cobra su jubilación en 14 pagas, Patiño ha solicitado también a la Audiencia el embargo de las dos pagas extraordinarias que el condenado recibe al año. “Él no las necesita, Raquel sí”, insiste el abogado.
Susana Martín
Periodista. He hecho un poco de todo en el maravilloso oficio de contar historias: prensa, radio, montar el primer digital de León, reportajes de investigación sobre lo que otros intentan silenciar o colarme en una cárcel para entrevistar a dos asesinas. Creo en el periodismo como servicio público e intento mantener una mirada objetiva. Me gusta mucho escribir, escuchar, vivir, leer, las burbujas y otros 'pecaos'. Tengo pocos miedos.
