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miércoles, 19 junio 2024

UPL lamenta “la falta de compromiso con el mundo rural” de la Junta en Santa María del Páramo

  • Concretamente se refiere al rechazo de PP y VOX a la instalación de reductores de velocidad en la travesía de la LE-413, CL-621 y CL-622 
  • Los leonesistas insisten en su reclamación a la institución autonómica la reparación urgente por el deterioro de socavones y baches de las tres vías indicadas.

“Los partidos que sustentan el gobierno de la Junta de Castilla y León -PP y VOX- rechazan la instalación de reductores de velocidad en la travesía de Santa María del Páramo de las carreteras Le-413, CL-621 y CL-622. Todo ello, pese a la defensa que realizó este miércoles en la Comisión de Movilidad y Transformación Digital la procuradora leonesista y alcaldesa de este municipio, Alicia Gallego, y en la que manifestó “la peligrosidad” estos viales como transmiten desde la Guardia Civil o la Dirección General de Tráfico (DGT)”, apuntan desde Unión del Pueblo Leonés en un comunicado.

Gallego recordó que estas tres vías de titularidad autonómica se encuentran en este momento “en un gran estado de deterioro de la calzada”, como se ha denunciado de forma constante a la Delegación Territorial y a la consejería de Movilidad y Transformación Digital. Y esta situación suponen “un evidente perjuicio” a las redes de saneamiento y a las aceras que la delimita, “pero lo cierto es que de estas constantes reivindicaciones e invitaciones desde el 2015 a los diferentes delegados territoriales a acudir in situ a comprobar esta situación no han tenido respuesta alguna ni asumen sus responsabilidades”.

Estas vías, que son zona de tránsito a cualquiera de las calles céntricas del municipio, son frecuentemente utilizadas por los vecinos y vecinas en los que la circulación supera la velocidad permitida habitualmente, “siendo un peligro para los niños, que es un orgullo para cualquier municipio el ver andar por las calles, como para la gente mayor con las dificultades que pueda presentar para caminar. En cuanto a la utilización de la bicicleta, hacen todavía más peligroso el paso por dichas vías para los ciudadanos ante las velocidades excesivas en las que van los vehículos por las tres vías indicadas”, apuntaba Gallego.

Por ello, y sin perjuicio de seguir reclamando la reparación urgente de estos tres viales por el deterioro de socavones y baches, indica que se hace necesario colocar reductores de velocidad que controlen y frenen a los vehículos por razones claras de seguridad con las medidas y la normativa que exista al respecto de tal manera que los vehículos, como pueden ser los sanitarios, “no se vean perjudicados al no poder reducir la velocidad y tener que ir a un ritmo constante en beneficio del paciente o para que, debido a una altura indebida, pueda generar daños innecesarios a los vehículos, puesto que tiene que ser simplemente una medida de control y seguridad”.

“Hablo en primera persona cuando digo que se ha solicitado el arreglo de estas tres carreteras autonómicas que pasan el municipio de Santa María del Páramo, cabecera de la comarca del Páramo por prestadora de servicios económicos, sociales, culturales o deportivos, por el gran movimiento de vehículos turismos pesados que cruzan la cruzan”, incidió. “Y la instalación de esta medida de seguridad para los viandantes, niños, jóvenes, adultos, es necesaria para utilizar esas vías de comunicación y que impiden al Ayuntamiento realizar diferentes actuaciones puesto que son competencia autonómica y requiere de una autorización”.

Desde las formaciones que sustentan al gobierno justifican su negativa en que ya se encuentra presupuestado en el arreglo de la CL-622 que sigue en fase estudio, “por lo que desde UPL entendemos que en los presupuestos de 2024 tendrán una asignación que permita su realización ya que según el compromiso de la consejera de Movilidad y Transformación Digital será así”. Incluso, desde el grupo popular se rebajó la necesidad de la instalación de estos reductores “al contar este municipio ya con suficientes rotondas” que regulan la velocidad de aquellos que transitan por estas vías.

La procuradora leonesista insistió en que la Junta de Castilla y León “en ese afán que tiene de hablar de la defensa del mundo rural”, “no parece que la práctica le acompañe a su reiterada teoría” lo cual hace que el mundo rural sea “el gran olvidado de este gobierno”. Además, señaló que el coste de estos reductores supondría un contrato menor y por tanto una cuantía pequeña para la Junta de Castilla y León “en el que después la teoría indica cosas distintas a la práctica con los presupuestos y no reflejan la realidad”.

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