- Esta primera decisión de denegación de la medida solicitada por Raquel Díaz la toma la oficina judicial
- Ahora deberá ser la sala que juzgó y condenó a Pedro Muñoz la que decida sobre la ampliación del embargo de su pensión
- Patiño: “Si se aplica la ley sin tener en cuenta una tutela judicial reforzada a la víctima, Raquel tardaría 417 años en cobrar lo que le adeuda su agresor: 300 euros durante 5.010 meses, lo que nos parece intolerable”
¿Interpretar la ley al pie de la letra, de manera que beneficie al agresor, y desproteger así a la víctima, sin ofrecerle una tutela judicial efectiva y reforzada cuando más lo necesita? La lenta y compleja acción de la justicia en un mundo a veces al revés. Una vez más, y ya son demasiadas en casi seis años de sufrimiento, la abogada leonesa Raquel Díaz ve cómo la propia justicia ralentiza su calvario judicial: la Audiencia Provincial de León desoye la petición del letrado de esta mujer y deniega la ampliación del embargo de la pensión de jubilación del expolítico Pedro Muñoz, el exconcejal del Ayuntamiento de Ponferrada condenado por intentar matar en 2020 a su entonces esposa.
Se trata de una decisión de la oficina judicial. De momento, ha sido el letrado de administración de justicia (LAJ) de la Audiencia Provincial de León quien se ha ocupado de resolver en ‘primera instancia’ la petición de Raquel Díaz, denegando que se embargue toda la pensión del agresor, excepto 200 euros.
La decisión del LAJ frena por el momento la petición de Raquel Díaz de ampliar el embargo contemplado por la ley, puesto que la defensa de la víctima considera que Pedro Muñoz tiene todas sus necesidades cubiertas en prisión.
Hace unas semanas, el abogado de Raquel Díaz, Felipe Patiño, había solicitado a la Audiencia una ampliación del embargo de la pensión del agresor. Si por ley Muñoz debía quedarse con casi 2.000 euros netos y entregar unos 300 para el pago de la indemnización que adeuda a Raquel Díaz (1.502.982,33 euros), Patiño pedía una revisión de esta medida, como se ha hecho en otros casos de circunstancias similares, “para que la víctima recibiera la mayor parte posible de esa indemnización”.
Patiño también había pedido a la Audiencia de León el embargo completo de las dos pagas extraordinarias que percibe Pedro Muñoz, cada una de 2.280,68 euros netos, aunque sobre ese asunto el LAJ no se ha pronunciado.
Recurso de revisión presentado y admitido
Raquel Díaz no se va a rendir. Su abogado ya ha presentado en la Audiencia un recurso de revisión a la escueta denegación firmada hace unos días por el LAJ. “De aceptarse la tesis que se defiende el LAJ su decreto, Raquel percibiría apenas 300 euros mensuales”, explica Patiño a León24horas. “La operación matemática de los meses que tendría que esperar Raquel para cobrar la indemnización de los 1.502.982,33 euros establecidos a su favor produce sonrojo, sería simplemente intolerable: 5.010 meses, 417 años”.
En su recurso de revisión, Patiño considera infringido el derecho a la tutela judicial previsto en los artículos 9, 24 y 120 de la Constitución: “El amparo a la tutela judicial efectiva de Raquel es fundamental en la solicitud de ampliación del embargo de la pensión del condenado”.
Para el abogado de la víctima, “la sala debe efectuar la interpretación más favorable a los derechos de la víctima, y no constreñirse estrictamente a los límites de la ley”. Según su criterio, “la petición de ampliación del embargo debe interpretarse desde la perspectiva del derecho de Raquel Díaz a la tutela judicial efectiva, de forma que el interés de la víctima necesariamente debe siempre prevalecer sobre el del condenado, que tiene cubiertas sus necesidades básicas en el centro penitenciario”.
La petición de Patiño solicita razonadamente que se repare el daño (al menos en la medida de lo posible), que Raquel pueda recibir una tutela judicial reforzada y se interpreten las normas en el sentido más favorable a la víctima.
A petición de Raquel Díaz, la Audiencia Provincial de León debe constatar ahora que en la ley procesal penal no se establece ningún limite en el embargo de la pensión, tal y como reflejan otras decisiones tomadas en audiencias de otras provincias en casos que pueden considerarse similares, los de otros condenados a los que se les ha embargado -por circunstancias especiales- más de lo que recoge estrictamente la ley, como es el caso del asesino de Marta del Castillo, Miguel Carcaño.
En su recurso, Patiño ha vuelto a solicitar el embargo del importe íntegro de las dos pagas extraordinarias que percibe Muñoz, y que de las doce mensualidades ordinarias que percibe se le embargue hasta el límite de doscientos euros mensuales, “cantidad que permite cubrir de sobra los gastos personales que pueda tener en prisión”.
A la vista de este caso y de determinadas decisiones judiciales, cabe preguntarse si la estricta aplicación de la ley debe ser en las mismas condiciones para un condenado que vive en la calle que para uno preso, con todas sus necesidades vitales cubiertas. ¿No tiene la justicia una cierta flexibilidad?
Admitido a trámite el recurso de revisión, ahora se dará traslado del mismo a la Fiscalía. Será muy interesante conocer la postura del ministerio público.
Susana Martín
Periodista. He hecho un poco de todo en el maravilloso oficio de contar historias: prensa, radio, montar el primer digital de León, reportajes de investigación sobre lo que otros intentan silenciar o colarme en una cárcel para entrevistar a dos asesinas. Creo en el periodismo como servicio público e intento mantener una mirada objetiva. Me gusta mucho escribir, escuchar, vivir, leer, las burbujas y otros 'pecaos'. Tengo pocos miedos.
