- Reclaman a las autoridades un “diálogo real” que devuelva “la dignidad y la eficacia al ejercicio de la Veterinaria en España” ante una norma “redactada a sus espaldas”
- Creen que la normativa debe redactarse desde cero, contando con ellos y que cualquier parche al respecto no es suficiente
Sin parches ni medias tintas. La asamblea histórica del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de León, acordó por unanimidad reclamar la “derogación total” del Real Decreto 666/2023, que regula el medicamento veterinario, una normativa que desde hace meses ha sido criticada por el sector. Los colegiados “rechazan cualquier vía de modificación parcial” por considerarla “insuficiente para resolver la inseguridad jurídica y operativa que atraviesa la profesión”. El colectivo exige a las autoridades un “diálogo real” que devuelva “la dignidad y la eficacia al ejercicio de la Veterinaria en España” ante una norma “redactada a sus espaldas”.
Los profesionales sienten que la normativa actual es confusa y difícil de aplicar en el día a día. Esto les genera miedo a cometer errores legales mientras intentan realizar su trabajo, afectando a la gestión de los medicamentos veterinarios. El sector rechaza que el Gobierno intente “arreglar” el decreto con modificaciones menores. Consideran que la base de la ley está tan mal planteada que cualquier cambio parcial sería “insuficiente” para solucionar los problemas que ha generado.
En el encuentro participaron más de un centenar de profesionales de forma presencial y decenas de veterinarios de toda la provincia conectados vía telemática. El Colegio recuerda que este respaldo “masivo” a la derogación de la norma otorga “un mandato claro” a la nueva Junta de Gobierno, encabezada por su presidente, Álvaro Borge de Castro, para posicionar a León en la primera línea de la “defensa de la autonomía clínica”.
En cuanto a la autonomía clínica, reclaman el derecho del veterinario a decidir, bajo su criterio profesional y científico, qué medicamento es el mejor para cada animal sin que las trabas burocráticas del decreto limiten su capacidad de diagnóstico y tratamiento.
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