- El procurador José Ronda recuerda la importancia de fomentar un ejercicio político crítico y constructivo que permita identificar fallos, corregirlos y no volver a caer en errores.
“La transparencia de las administraciones es fundamental y debe de ser obligatoria en todos los momentos, pero en este, más aún si cabe”. El procurador socialista José Ronda ha intervenido en la Comisión de Transparencia de las Cortes de Castilla y León para argumentar la importancia de contar con el mayor número de datos fiables a la hora de hacer frente a una crisis sanitaria y económica como la que actualmente asola al país, para luchar desde todas las consejerías contra esta pandemia, minimizar el impacto devastador que está teniendo y para implementar políticas activas.
Para ello, desde el PSOE han solicitado al Gobierno autonómico que se produzca una lectura crítica y constructiva que permita identificar fallos, corregirlos y no volver a caer en errores en las políticas de comunidad. Como ejemplo, el parlamentario leonés ha evidenciado la discrepancia de datos entre las consejerías de Familia y de Sanidad a la hora de hablar de los fallecidos por Covid en centros residenciales.
“¿Qué podemos esperar sobre transparencia cuando ante el Procurador del Común reconocen que de 58 solicitudes tan sólo han atendido una que pedía el número de residencias para mayores, tanto privadas como públicas, que hay en Castilla y León? El colmo de los colmos es que les tengan que poner como ejemplo los procedimientos de la Xunta de Galicia para que tomen nota”, ha evidenciado Ronda.
En cuanto a diálogo social, el procurador socialista ha denunciado que el equipo de Gobierno de la Junta “es experto en destruir lo que funciona”, tras haber manifestado que no cumplirán lo prometido a la ciudadanía el pasado 25 de marzo, cuando se llegó a un acuerdo que ofrecía coberturas para los más necesitados por ERTEs.
“El buen gobierno es ser diligente, y algo de diligencia ha faltado en la administración autonómica cuando los ERTEs aún no se han cobrado, y ayer han puesto en duda que se vayan a cobrar. Y lo mismo ocurre con las ayudas a la vivienda para afectados por la Covid-19”, ha finalizado Ronda, pidiendo a la Junta que cumpla sus compromisos, empezando por las 35 horas semanales de los funcionarios de la Comunidad.