ICAL / Izquierda Unida instó este domingo a la Junta de Castilla y León a asumir “sin dilaciones ni excusas” la acogida de menores migrantes no acompañados en el marco del mecanismo establecido por el Gobierno de España y garantizando los recursos y dispositivos necesarios para una acogida adecuada.

En un comunicado, la formación comunicó que la Asamblea celebrada este sábado en Valladolid había expresado su respaldo “explícito y rotundo” al Real Decreto aprobado por el Gobierno de España y promovido por el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego.

En ese sentido, IU valoró su contenido, sus objetivos y su acompañamiento presupuestario, por lo que reafirmó el compromiso político y social de Izquierda Unida Castilla y León con la defensa de los derechos de la infancia y la construcción de un sistema de acogida “digno, sostenible y corresponsable”.

Asimismo, defendió que este Real Decreto-ley constituye un “avance decisivo” en la garantía de los derechos fundamentales de la infancia, asegurando una acogida “digna, segura y solidaria” de menores en una situación de “especial vulnerabilidad”. Además, apuntó que establece un mecanismo de «corresponsabilidad interterritorial que permite distribuir de forma justa y equilibrada el esfuerzo de acogida entre las comunidades autónomas”.

Derechos de la infancia

Al respecto, apuntó que el modelo diseñado en el Real Decreto introduce, por primera vez, un sistema basado en criterios “objetivos» y «transparentes” para la asignación de responsabilidades en función de la población, la renta per cápita, la tasa de desempleo, el esfuerzo previo de acogida y la capacidad estructural de cada territorio, incorporando además factores correctores para aquellas comunidades con condiciones singulares, como las fronterizas e insulares.

También, destacó que habilite un fondo estatal de 100 millones de euros destinado a compensar los sobrecostes que asumen las comunidades autónomas que superen su capacidad ordinaria de acogida.

Finalmente, Izquierda Unida Castilla y León defendió que la protección de la infancia y la adolescencia no puede ser objeto de “disputa partidista ni quedar sujeta a los intereses xenófobos de la extrema derecha”. “La acogida de menores migrantes en situación de vulnerabilidad es un imperativo ético, social y político que nos interpela como sociedad democrática y como defensores de los derechos humanos», concluyó.