Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclamó este jueves a la Junta de Castilla y León una “implicación real” para defender a los agricultores de remolacha de la provincia después de que AB Azucarera haya rescindido —“de manera unilateral”, subraya el partido— varios contratos de cara a la próxima campaña. Para los leonesistas, la medida supone “un duro varapalo” para una zona ya golpeada por el cierre de la planta de La Bañeza y por la falta de alternativas industriales.
La formación se adhiere a la petición de Asaja para que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural “intervenga con urgencia” a través de la Junta de Arbitraje y Mediación para los Contratos Agrarios, con el fin de “proteger a los agricultores de la provincia” ante una decisión que, advierten, “pone aún más en riesgo la viabilidad del cultivo”.
Según UPL, la empresa justifica las rescisiones en “desatención del cultivo y rendimientos inferiores a los deseados”. Argumentos que, en la práctica, estarían empujando a muchos productores a “aceptar acuerdos muy desfavorables para evitar un proceso judicial”. Ese escenario, añaden, “ahonda en la crisis del sector agrario y del mundo rural de la Región Leonesa”. Reclaman a la Junta “garantizar su defensa y la pervivencia de un modo de vida que ahora se vislumbra con un futuro negro”.
El partido también afea al Gobierno autonómico su “mínima proactividad” para dar uso a las instalaciones de la Azucarera de La Bañeza tras el anuncio de cierre definitivo. Critica, en ese sentido, que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, “se limite a afirmar que no se plantean opciones satisfactorias”. Denuncian “casi medio año sin alternativas”, lo que a su juicio evidencia “un compromiso institucional inexistente”. UPL exige “un mayor grado de implicación” para mantener actividad productiva y empleo en la comarca.
