La Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) prepara una acción legal colectiva para recurrir ante el Tribunal Contencioso-Administrativo la exclusión de varios agricultores y ganaderos de las ayudas de la Junta de Castilla y León por los incendios forestales del pasado verano.
La organización agraria considera injusta la resolución de estas ayudas, dirigidas a profesionales del sector que resultaron afectados por los incendios.
Agricultores y ganaderos profesionales excluidos
Según explicó Asaja León en un comunicado, los afectados son agricultores y ganaderos profesionales, cotizantes a la Seguridad Social por su actividad agraria. Además, cuentan con superficie declarada en la Política Agraria Común en pueblos y municipios afectados por los incendios.
Desde la organización subrayan que se trata de explotaciones que resultaron realmente calcinadas, por lo que entienden que cumplían los requisitos para recibir la ayuda de concesión directa.
Varios de estos profesionales no figuraron en el listado de beneficiarios publicado por la Junta. Por este motivo, presentaron en su momento el correspondiente recurso de reposición.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural tenía un plazo de un mes para resolver estos recursos. Sin embargo, según denunció Asaja, cuatro meses después todavía no se ha producido ninguna respuesta.
La organización recordó que apoyó estas líneas de ayudas en el Consejo Regional Agrario, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, y lamentó no haber recibido tampoco información al respecto.
Críticas al criterio utilizado por la Consejería
Asaja explicó que la mayoría de los recursos se basan en el criterio utilizado por la Consejería para excluir parcelas. Según este planteamiento, durante la segunda y tercera semana de agosto, cuando se produjeron los incendios, los cereales de secano ya estaban cosechados.
Desde la organización agraria rechazaron este argumento y aseguraron que no se ajusta a la realidad. Consideran que esta decisión responde a un “prejuicio” del personal directivo responsable y llega a “rozar la prevaricación”.
Silencio administrativo y acción judicial
Tras esperar un plazo que consideran más que suficiente, Asaja entiende que se ha producido un silencio administrativo, lo que equivale a la desestimación del recurso.
La organización calificó esta falta de respuesta como “un desprecio, una falta de sensibilidad y una nula empatía” hacia los damnificados por los incendios forestales.
Por este motivo, Asaja ha encargado a su despacho jurídico, Álvarez Higuera Abogados, la preparación de un recurso contencioso-administrativo colectivo, que prevé presentar antes de que finalice el mes.
La organización convocará próximamente a los socios afectados para informarles de la iniciativa y formalizar el apoderamiento de abogados y procuradores. La ayuda reclamada asciende a 5.500 euros por explotación afectada.
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