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Un informe interno, revelado por el periódico La Nueva España, expone que la Inspección Minera de Asturias había detectado en 2022 indicios de extracción irregular de carbón en la mina de Cerredo, escenario del reciente accidente que se ha cobrado la vida de cinco mineros leoneses. El documento, emitido tras un siniestro previo en las mismas instalaciones, sugería “indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada”.
Un entramado empresarial bajo sospecha
Las investigaciones, que publica hoy La Nueva España, apuntan a una compleja red empresarial detrás de las operaciones en Cerredo. En 2022, la explotación estaba a cargo de Combustibles Asturiana y Leonesa. En 2024, la actividad minera está vinculada a Blue Solving, una empresa con un capital inicial de apenas 3.000 euros. El administrador único de esta última es Adrián Rodríguez Rodríguez, hijo de José Manuel Rodríguez Mirantes, un empresario minero con antecedentes judiciales relacionados con el hallazgo de 400 kilos de cocaína en un cargamento de sus empresas.
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Autorizaciones cuestionadas y subvenciones millonarias
A pesar de las sospechas de irregularidades, la empresa obtuvo permisos para realizar estudios sobre la presencia de grafito de alta calidad en las mismas instalaciones donde se sospechaba la extracción ilegal de carbón. Además, empresas vinculadas a la explotación recibieron subvenciones del Instituto de Transición Justa por más de 1,5 millones de euros, destinadas a la recuperación de instalaciones y la valorización de materiales estratégicos, no a la extracción.
Señales ignoradas
El siniestro de 2022, que dejó un trabajador fallecido y otro gravemente herido, reveló numerosas deficiencias en la explotación, incluyendo fallos en el vehículo accidentado, mantenimiento deficiente y falta de formación del personal. Lo más alarmante fue la constatación de que el carbón transportado procedía de una zona de la mina sin autorización de explotación.
La mina estaba clasificada como de “nivel 2” en cuanto al riesgo de grisú, un gas inflamable que se sospecha causó la reciente deflagración. La consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio de Asturias, Belarmina Díaz, ha convocado una reunión urgente de la Comisión Regional de Seguridad Minera, mientras que las familias de las víctimas exigen una investigación exhaustiva sobre las condiciones de seguridad en la mina.
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