- Ugal-Upa y la Asociación berciana de agricultores aseguran que el centro no ha certificado sus prácticas, a pesar de que las realizó “superando sus barreras y sin adaptación”
Las organizaciones agrarias Ugal-Upa y la Asociación berciana de agricultores (Aba) denuncian un “grave caso de discriminación” por parte del Centro Integrado de Formación Profesional de Almázcara (León), de la Junta de Castilla y León, contra un joven que padece un Trastorno del Espectro Autista, TEA.
Según explican estas formaciones, completó las 15 horas de prácticas que se exigen, realizando tareas de soldadura superando sus barreras sensoriales sin ningún tipo de adaptación por parte del centro “y con un sobreesfuerzo por parte del alumno”, pero el centro no las ha certificado.
También participó en la práctica de manejo de tractor, no llegando a conducirlo por manifestar que sentía miedo, pero permaneciendo en la cabina del vehículo junto a la docente y superando sus bloqueos con el fin de completar la práctica. A pesar de ello, el centro no ha certificado esas prácticas alegando “falta de aprovechamiento”.
Creen que esta resolución se basa en la falta de comunicación verbal del alumno, rasgo de su condición de TEA y señalan que, a pesar de haberlo solicitado, estas organizaciones agrarias “no han recibido ningún tipo de informe del centro ni de la Dirección General de Desarrollo Rural que justifique la decisión”.
Ambas agrupaciones recalcan que en la normativa que regula estas formaciones no se señala que las prácticas tengan que aprobarse, sino que los directores deben “acreditar su realización, algo que el alumno ha cumplido y que corroboran, además, sus compañeros”.
Añaden que la solución que aporta la Dirección General es que “el chico repita las prácticas” en Palencia o en su explotación bajo la supervisión de técnicos de la Consejería, “lo que a nuestro entender supone una doble penalización: por un lado, no se le certifica el trabajo ya realizado y por otro, se le obliga a un desplazamiento adicional sin garantizar que esta vez sí se respeten sus derechos de inclusión”, denuncian.
Por eso exigen una“rectificación urgente” por parte del centro de Almázcara, así como el cese de su directora y del coordinador de Servicios de la Dirección General de Desarrollo Rural, “ya que no podemos permitir que quienes desde el ámbito de la educación de una institución pública y con conocimiento de causa, han actuado de mala fe, de forma discriminatoria, con cero conciencia social y atentando al derecho a la igualdad que tienen las personas con TEA”, dicen Ugal-Upa y Aba.
Por último, advierten que “si no se toman las medidas oportunas, elevarán el caso al Procurador del Común y tomaran las acciones legales que consideren oportunas”.
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