- Desde la asociación de familias monoparentales puntualiza que mediante ese título se puede tener acceso a determinados empleos, obtener bonificaciones fiscales y descuentos en los contratos de trabajo, así como cuotas de la Seguridad Social
- Ahora esperan la respuesta por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León
- Sin este acta, las personas en situación desfavorable no pueden acreditar su estado y por tanto pierden ayudar que les podrían ser asignadas para mejorar su calidad de vida
En abril de 2024 la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan solicitó a las diferentes administraciones públicas (moción al Ayuntamiento de León, queja al Procurador del Común de Castilla y León, Defensor del Pueblo) que se desarrolle un mecanismo que acredite a las personas su situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social su estado para poder solicitar ayudas. Aseguran desde la fundación que organismos como el SEPE o a la hora de pedir un alquiler de vivienda, se solicita “una certificación que no existe”, por lo que las ayudas terminan siendo rechazadas, según explican desde Isadora Duncan. Es decir, se pide un certificado que ni las propias instituciones han formalizado. Esa es la petición que solicita la fundación que se haga realidad.
El certificado
La fundación argumenta que, si bien el Estado ha introducido conceptos como ‘especial vulnerabilidad’, ’emergencia social’ y ‘exclusión social’ en las distintas normativas aprobadas destinadas a paliar las graves consecuencias que afectan a un importante sector de la ciudanía, “no existe una normativa clara ni a nivel nacional ni a nivel autonómico destinada a paliar los diferentes aspectos que afectan a la situación socio-familiar de la ciudadanía, sin que exista un término común para referirse a estas situaciones y sin tener la consideración de concepto jurídico determinado”, indican desde Isadora Duncan. Es resumen, existen los términos pero no un certificado que los avale a la hora de solicitar ayudas.
Es por ello que Isadora Duncan elevó una queja, en abril del 2024, al Procurador del Común que, después de ser revisada, fue admitida a trámite y ahora, en septiembre de 2025, se ha emitido una resolución dirigida a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. En dicha resolución, explican desde la fundación, se insta “a la elaboración y aprobación de una normativa específica reguladora del procedimiento de emisión de los informes de vulnerabilidad en esta Comunidad Autónoma, con la finalidad de facilitar el acceso de las personas con mayor fragilidad al sistema público de protección social en condiciones de igualdad y prevenir situaciones de exclusión social o pobreza”.
La Fundación Isadora Duncan celebra que el Procurador del Común les de la razón y confirma que se mantendrá pendiente de la respuesta por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.
