25 procuradores de los 82 tendrán dedicación exclusiva en esta legislatura

  • PP, PSOE y Vox optan por no modificar la asignación de dedicaciones exclusivas de 2022, como recogía un informe “técnico” de la Secretaría General

Este martes, la Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó mantener liberados a 19 procuradores de los grupos parlamentarios, que se sumarán a los seis que conforman el órgano de gobierno de la Cámara. En total, 25 parlamentarios de los 82 totales tendrán dedicación exclusiva en esta XII Legislatura, al igual que en la anterior, aunque con una distribución diferente.

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En concreto, la Mesa acordó otorgar siete liberaciones a los grupos Popular y Socialista, a los que se unen otras tres para Vox y dos para el Grupo Mixto. De esta forma, se decidió por consenso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, aplicar la regla adoptada en 2022, que preveía una por grupo más otra por cada cinco parlamentarios.

La propuesta prevista en un informe “técnico” de la Secretaría General de las Cortes de modular el reparto, introduciendo la posibilidad de sumar una dedicación exclusiva por cada fracción igual o superior a tres procuradores, con el fin de adaptarlo al resultado de las elecciones autonómicas, fue rechazada por el Grupo Popular, Socialista y Vox.

A estas 19 liberaciones de los grupos parlamentarios, que suponen una más para los socialistas y el Mixto respecto a hace cuatro años, se suman las del presidente de las Cortes, Francisco Vázquez (PP), las vicepresidencias de Carlos Menéndez (Vox) y la socialista Nuria Rubio y las secretarías de Daniel de la Rosa (PSOE), Rocío Lucas (PP) y Susana Suárez (Vox).

La portavoz ‘popular’ Leticia García desvinculó a su Grupo y a la Presidencia de las Cortes de esta iniciativa, que insistió figuraba en la documentación elaborada por la Secretaría General, que ostenta la letrada Mayor Laura Seseña, para la reunión de la Mesa de este martes por ser un órgano colegiado en el que el PP, PSOE y Vox cuenta cada uno con dos miembros.

Rechazo a elevar el gasto

Así, pese a la insistencia de los informadores, Leticia García aseguró que no había sido incorporada ni a petición del PP, ni del presidente de la Cámara, el ‘popular’ Francisco Vázquez, y repitió que era un informe “técnico”, “no vinculante”, para que el reparto de las dedicaciones exclusivas fuera “más fiel” al resultado de las urnas el 15 de marzo. “No le daría la mayor importancia a quién o cómo”, dijo, tras el acuerdo de este martes.

Leticia García defendió la política de “moderación” en el gasto parlamentario de su grupo, ya que recordó no es obligatorio cubrir las liberaciones asignadas. De hecho, indicó que el PP de forma tradicional suele mantener vacantes algunas de las que les corresponden y garantizó que sus 33 procuradores trabajarán con la “máxima eficiencia”.

Desde Vox, su portavoz Carlos Pollán reiteró que estaban en contra de aumentar el “gasto” político de las Cortes y defendió mantener la regla de 2022 y las 25 liberaciones totales, en “coherencia” con lo que han propuesto en la pasada campaña electoral y su actuación en la pasada legislatura. Además, desvinculó su posición de la negociación del acuerdo de gobierno en Castilla y León y señaló que su rechazo se ajusta también a la supresión de cuatro plazas en el Gabinete de la Presidencia de las Cortes que ordenó hace cuatro años.

Además, el socialista Carlos Martínez defendió el consenso que reinó entre los portavoces parlamentarios para mantener el reparto de las retribuciones de 2022, que subrayó se ajustaba a las necesidades parlamentarias. A su juicio, el PP ha tenido que “recoger carrete” con el aumento de liberados que se planteaba al no haberlo acordado antes con Vox, para no “herir la sensibilidad” de los de Santiago Abascal, y, con ello, dificultar el pacto de gobierno.

Cuantías e incompatibilidades

Respecto a las cuantías, una de las dedicaciones exclusivas de los grupos es equivalente a la de un miembro de la Mesa de las Cortes -81.831,26 euros anuales y 1.800 euros mensuales para gastos-, lo que eleva la cifra a 103.431,26 euros anuales. El resto conllevan una retribución anual de 81.831,26 euros y una indemnización para gastos de 1.400 euros. Hasta ahora, los demás parlamentarios pueden cobrar la dieta de 220 euros por sesión -50 por reunión de Mesa de comisión o actividad fuera de la sede- y una compensación por desplazamiento de 0,26 euros por kilómetro.

Asimismo, los procuradores con dedicación exclusiva estrenarán en esta legislatura el nuevo régimen de incompatibilidades que les impide prestar servicios de asesoramiento, defensa o dirección ante organismos o entidades públicas, así como ser contratista de la administración, entre otras actividades. En concreto establece las actividades públicas o privadas que estarán “prohibidas”, siguiendo el modelo previsto en las Cortes Generales para diputados y senadores.

Grupo de trabajo

En el marco del debate sobre las dedicaciones exclusivas, que el Reglamento de las Cortes solo contempla para quien ostente la Presidencia, la portavoz ‘popular’ aseguró que había propuesto crear un grupo de trabajo para estudiar “con calma y transparencia” si correspondía mantener, reducir o aumentar el número de parlamentarios liberados con remuneración. No aclaró si su propuesta excluía la extensión a los 82 procuradores de ese régimen económico, como defendió el socialista Carlos Martínez.

Al respecto, el portavoz socialista aseguró que había sido él quien planteó al resto la posibilidad de crear una “comisión de trabajo” para “corregir” a medio y largo plazo, durante esta legislatura, la “anomalía democrática” que a su juicio supone que las Cortes sean el único parlamento de España en el que todos sus miembros no tienen una remuneración por su actividad política en una comunidad que señaló es la más extensa.

Finalmente, Carlos Martínez valoró la receptividad de sus interlocutores, hasta del portavoz de Vox, para abordar esta cuestión con un planteamiento “serio y riguroso”, a través de una “regla de tres básica”, y sin con ello incrementar el presupuesto de la Cámara. No obstante, insistió en que este asunto no es el “problema más grande” de la Comunidad en este inicio de legislatura.

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