- Los leonesistas se hacen eco de las reivindicaciones del AMPA del CEE Sagrado Corazón y piden también la actualización de la normativa de dichos centros
La secretaria de educación de UPL, Sheila Fernández, acompañada por la presidenta del AMPA del Colegio de Educación Especial Sagrado Corazón, Cristina Cao Rodríguez, y la secretaria, Amadora Ferrero Nogal, ha denunciado la situación en que se encuentra mencionado centro que necesita más espacio, más personal y una actualización de la normativa de los centros de educación especial.
Haciéndose eco de las múltiples demandas de la asociación de madres y padres de los alumnos del colegio, ha querido Fernández poner sobre la mesa dos puntos clave “que es necesario resolver cuanto antes”.
En primer lugar expuso la leonesista la necesidad de actualizar la normativa de los centros de educación especial “para que se adapten a las necesidades del alumnado, pues no existe un reglamento orgánico de funcionamiento de los centros y se les equipara a un centro ordinario”. La educación especial se organiza en dos etapas, la Educación Básica Obligatoria de los 6 a los 16 años y la Transición a la vida Adulta de los 16 a los 21 años. “La última regulación sobre esta última etapa es de 1999, hace más de 25 años”, apunta Fernández.
“Tampoco está regulado el currículo para la (EBO) Educación Básica Obligatoria, tan solo se dispone de un documento con orientaciones sin rango de Ley. Este currículo debería organizarse en ámbitos que tendrán un carácter global e integrador y estarán orientados al máximo desarrollo competencial del alumnado; y que incorporaría elementos de diferentes áreas como educación física o música entre otras”, indica la leonesista. Y, en lo que respecta a las ratios tanto del personal docente como del personal no docente (entre los que se encuentran enfermeras, fisioterapeutas y ayudantes técnicos educativos) “están desactualizadas, hace ya 15 años de la última normativa”.
“Estas ratios están claramente obsoletas aunque llama la atención la diferencia que hay en la dotación de personal, especialmente de los no docentes entre el centro de educación especial número 1 de Valladolid y el de León. En Valladolid, en un centro con 137 alumnos hay 7 fisioterapeutas, 2 enfermeras y 22 ayudantes, en León, con 103 alumnos, hay dos fisioterapeutas, 1 enfermera y 13 ayudantes. Es notable la diferencia entre un centro y otro”, señala Sheila Fernández.
La otra gran demanda que suscribe el AMPA, como expuso Amadora Ferrero, hace referencia a la falta de espacio, y es que el edificio es propiedad de la Diputación de León, quien a través de una concesión demanial se lo ha cedido a la Consejería de Educación. En los últimos años, ha habido un aumento importante del alumnado, concretamente este último año ha aumentado en 30 alumnos, llegando a ser ahora mismo un total de 103, lo que ha obligado a reorganizar espacios y prescindir de aulas específicas, “como la de música o logopedia para reconvertirlas en aulas, teniendo que prescindir de dichos servicios específicos, porque además hay también una carencia de personal”, apunta Ferrero.
“Pese a que la Consejería de Educación es consciente de esta situación no hay una solución por lo que reclaman a la Junta la construcción de un nuevo edificio que de respuesta a las necesidades de espacio y equipamiento, como sucedió en Valladolid en 2019, donde se construyó un nuevo centro con una inversión de más de 7 millones de euros”. Pero, afirmó Fernández, “mientras llega dicha solución, es urgente la respuesta inmediata a la falta de espacio para el inicio del nuevo curso”.
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