- El Ayuntamiento aprueba con polémica una norma clave para la movilidad sostenible mientras PP y Vox denuncian improvisación y caos urbano
Con dos años de retraso sobre lo previsto por la normativa estatal, León ha dado finalmente el paso: la ciudad contará con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La aprobación, sin embargo, no ha estado exenta de tensión ni de críticas cruzadas. Este viernes, el Pleno municipal ha sacado adelante la ordenanza con el apoyo del PSOE y UPL, en una votación que ha vuelto a evidenciar la profunda fractura en la visión de ciudad que defienden los grupos municipales.
Mientras el equipo de gobierno y sus socios pusieron en valor la nueva regulación como una apuesta firme por la sostenibilidad, desde la oposición —PP y Vox— se alzaron voces que acusaron al Ayuntamiento de improvisar políticas sin planificación ni base jurídica sólida. De hecho, el debate se vio condicionado por una reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha paralizado parte de las peatonalizaciones del centro ante la duda de su legalidad, tras un recurso presentado por el PP.
El proyecto, que debió haberse aprobado antes de finalizar 2023, llega ahora con la promesa de reordenar la movilidad en la ciudad y cumplir con los estándares ambientales exigidos por Europa. La ordenanza incluye nuevas áreas peatonales, la ampliación del servicio de préstamo de bicicletas, más carriles bici y una reforma del sistema de autobuses. El concejal responsable del área, Vicente Canuria, insistió en que se trata de una herramienta clave para avanzar hacia una ciudad más limpia y segura.
El gobierno local asume que estas medidas han generado polémica en otros municipios, pero defiende su utilidad para consolidar cambios ya introducidos —como la peatonalización de Ordoño II o del casco histórico— que, aseguran, han sido bien recibidos por la mayoría de la población.
La oposición: entre el rechazo frontal y la crítica táctica
Desde el Partido Popular, las reacciones fueron tajantes. Su portavoz, David Fernández, describió la ordenanza como una maniobra “mal planteada, plagada de errores y sin garantías legales”. Aunque el PP no se declara contrario a peatonalizar ciertas zonas, acusa al gobierno de hacerlo “a salto de mata, sin estudios técnicos ni consenso ciudadano”. Según Fernández, el modelo actual ha complicado la movilidad, encarecido la vida diaria y contribuido, paradójicamente, a aumentar la contaminación por los desvíos y atascos que provoca. Precisamente en las redes sociales del Partido Popular, publicaban cómo, mientras el pleno sucedía, el tráfico en la calle Roa de la Vega a desembocar con Suero de Quiñones era un caos de coches atascados.
Vox, por su parte, volvió a poner el foco en su crítica ideológica a las políticas medioambientales del gobierno, que consideran un “exceso de intervencionismo climático”. Su portavoz ironizó con que se pretenda que toda la ciudad se mueva en bicicleta, afirmando que esa no es una opción realista ni deseada por los vecinos.
UPL: aliados críticos, pero leales
En contraste con estas posiciones, UPL se mantuvo como socio fiel del PSOE en esta votación. Su portavoz, Eduardo López Sendino, reconoció que ha habido errores en el camino, pero defendió la ordenanza como necesaria para evitar más litigios y dotar de seguridad jurídica a las decisiones urbanísticas del Ayuntamiento. A su juicio, rechazar la norma sería ignorar una obligación legal que León no puede eludir.
Periodo de alegaciones
La ordenanza entra ahora en un mes de exposición pública, tiempo durante el cual se podrán presentar alegaciones. Solo entonces volverá al pleno para su aprobación definitiva. Ahora la ciudad debe decidir cómo ejecuta una transformación urbana que, más allá de los enfrentamientos políticos, marcará el día a día de sus habitantes.
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