La Fiscalía pide repetir el juicio por el accidente del Pozo Emilio en que murieron seis mineros

  • El Ministerio Público ha presentado en la Audiencia un recurso de apelación contra la sentencia absolutoria de los acusados de las muertes de seis trabajadores de Hullera Vasco Leonesa en 2013

Los 4.404 días de espera para una sentencia absolutoria que destrozó a 14 familias rotas (FOTOS)

En noviembre del año pasado, hace apenas cuatro meses, un nuevo varapalo judicial llenaba de desolación e impotencia a los seres queridos de los seis mineros fallecidos y los ocho heridos en el accidente de Pozo Emilio el 28 de octubre de 2013. La sentencia por el juicio a los presuntos responsables del siniestro se había hecho esperar más de 12 años (dos años y medio desde el juicio) y cuando se hizo pública resultó ser un nuevo varapalo: el Juzgado Penal número dos de León absolvía a todos los acusados y las aseguradoras. “Estamos destrozados”, reconocieron entonces a León24horas, y anunciaron que recurrirían.

Este martes se ha sabido (lo cuenta hoy Radio León) que la Fiscalía pide que se repita ese juicio: ha presentado un recurso de apelación en la Audiencia Provincial de León en el que señala que “la resolución judicial contiene una valoración irracional de la prueba practicada” durante la vista oral y que no analiza objetivamente los informes técnicos y periciales presentados por las acusaciones particulares y pública.

Para el fiscal, la sentencia da más credibilidad a los informes y testimonios vinculados a las defensas y desacredita los elaborados por los técnicos de la autoridad minera y el perito judicial, “lo que habría llevado a concluir erróneamente que no existían pruebas suficientes para responsabilizar penalmente a los acusados”.

Tal y como se explicó en el juicio, la Fiscalía insiste en su escrito en que el fatal siniestro se produjo por una invasión masiva de gas metano o grisú en el interior de la explotación que redujo drásticamente el nivel de oxígeno en la galería y provocó la muerte inmediata de varios trabajadores por anoxia.

La Fiscalía subraya que de lo que se trata es de saber si el accidente mortal pudo haberse evitado con medidas de seguridad adecuadas.

En el recurso de apelación, se pide que se anule la sentencia absolutoria y que el juicio vuelva a celebrarse, de manera que pueda realizarse una correcta valoración de las pruebas presentadas por las acusaciones.

Imagen de archivo del juicio. | ICAL

Seis muertes y un proceso judicial devastador

José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure fueron los seis mineros que perdieron la vida en el Pozo Emilio en 2013. Al dolor de la pérdida, sus familiares han tenido que sumarle el sufrimiento de un procedimiento judicial que los ha mantenido en vilo durante más de doce años: primero, porque el señalamiento del juicio se fue demorando; después, porque la jueza que debía dictar sentencia estuvo de baja y su fallo tardó más de dos años y medio en hacerse público. El mazazo final llegó con la absolución de todos los acusados y de las aseguradoras.

El 30 de marzo de 2023 quedaba visto para sentencia el juicio que sentó en el banquillo a 16 acusados de homicidios y lesiones imprudentes. La sentencia no llegó hasta el 18 de noviembre de 2025.

La sentencia absolvió a los acusados de los delitos contra los derechos de los trabajadores (arts. 316, 317 y 318 del Código Penal), de homicidio por imprudencia grave (art. 142.1), de lesiones por imprudencia grave (arts. 152.1.2º, 152.1.1º y 152.1.4º). Además, absolvió también a las aseguradoras Mapfre, AMIC Seguros Generales y HDI Hannover Internacional como responsables civiles directos, y a la Hullera Vasco-Leonesa como responsable civil subsidiaria, aunque el fallo aclaraba que las partes podían acudir a la vía civil para reclamar posibles indemnizaciones.

El recurso de apelación de la Fiscalía está ya en la Audiencia Provincial de León, que deberá estudiarlo. Si da la razón al Ministerio Público, el juicio debería señalarse de nuevo, con lo que el procedimiento volvería a empezar: una nueva vista oral en la que se valoraría de nuevo la prueba aportada. El calvario judicial de las familias -que piden “justicia”- podría prorrogarse unos años más.

Familiares y amigos de las víctimas, a la puerta de los juzgados de León. | ICAL

 

Susana Martín

Periodista. He hecho un poco de todo en el maravilloso oficio de contar historias: prensa, radio, montar el primer digital de León, reportajes de investigación sobre lo que otros intentan silenciar o colarme en una cárcel para entrevistar a dos asesinas. Creo en el periodismo como servicio público e intento mantener una mirada objetiva. Me gusta mucho escribir, escuchar, vivir, leer, las burbujas y otros 'pecaos'. Tengo pocos miedos.

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